jueves, 26 de junio de 2025

Durante más de dos meses y medio, la Dirección General de Carrera Administrativa, bajo el liderazgo de la licenciada Cheyla Valdés, ha capacitado a servidores públicos que trabajan en las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos de unas 50 instituciones estatales, en el derecho de la Prima de Antigüedad.

De esta capacitación han formado parte analistas de recursos humanos, abogados de recursos humanos y personal de administración y finanzas relacionados con previsión presupuestaria, con el fin de fortalecer sus conocimientos sobre la Prima de Antigüedad y su correcta aplicación conforme al marco legal vigente, asegurando la uniformidad en los criterios y procedimientos a nivel nacional.

Este ciclo de capacitación tiene entre sus objetivos específicos explicar el origen y fundamento legal del derecho a la Prima de Antigüedad en el sector público; identificar a los servidores públicos excluidos del beneficio y el mecanismo para determinar la elegibilidad, analizar las condiciones que generan la pérdida  o continuidad laboral y la entidad responsable del pago, definir el momento en que el servidor público adquiere el derecho al pago de la Prima de Antigüedad y aplicar metodologías del cálculo del beneficio a través de ejercicios prácticos.

Durante dos horas, mediante una dinámica interactiva, los licenciados Irmina Díaz y Martín López, de la sección de asesoría legal de DIGECA, a cargo de la licenciada Edna Reyes, instruyen a los servidores públicos a través de talleres presenciales, combinando exposición teórica con resolución de casos prácticos y sesión de preguntas.

De las semanas del 16 al 26 de junio se ha capacitado a servidores públicos delInstituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADHE); Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP); Asamblea Nacional (AN; Agencia Panamá-Pacífico (APP); y Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

Durante esta semana, han recibido la inducción servidores públicos del Tribunal Electoral (TE); Fiscalía General de Cuentas; Fiscalía General Electoral (FGE); Benemérito Cuerpo de Bomberos (BCP); Hospital del Niño; Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF); y Tribunal Administrativo Tributario (TAT).

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