Unos 400 servidores públicos que laboran en las oficinas Institucionales de Recursos humanos, (OIRHs) del Gobierno Central e instituciones descentralizadas, como jefes, analistas y abogados, han recibido la capacitación sobre el análisis del cálculo del pago de Prima de Antigüedad, por parte de la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), que dirige la licenciada Cheyla Valdés.
Desde el mes de abril y por 9 semanas consecutivas, DIGECA ha ofrecido la capacitación sobre este importante tema, con el objetivo de estandarizar y unificar los criterios de aplicación mediante un programa formativo dirigido a los responsables de estos procesos en cada institución.
Uno de los objetivos específicos de esta inducción es explicar el origen y fundamento legal del derecho a la Prima de Antigüedad en el sector público; e identificar a los servidores públicos excluidos del beneficio y el mecanismo para determinar la elegibilidad.
De igual forma, tiene el propósito de analizar las condiciones que generan la pérdida o continuidad laboral y la entidad responsable del pago; así como definir el momento en que el servidor público adquiere el derecho al pago de la Prima de Antigüedad.
Esta capacitación, que está a cargo de los especialistas en derecho administrativo y recursos humanos de la sección de asesoría legal de DIGECA, los abogados Irmina Díaz, Katherine Mosquera y Martín López, que dirige la licenciada Edna Reyes, se imparte por dos horas durante la semana, en horario matutino y vespertino, y se realiza a través de módulos en el que se analizan aspectos legales y conceptuales, se determina el pago y continuidad laboral y se realizan talleres prácticos con casos reales y fallos emitidos en la Corte Suprema de Justicia sobre el pago de este derecho.
La capacitación sobre la Prima de Antigüedad busca fortalecer el conocimiento y aplicación correcta de este derecho en la administración pública, reduciendo inconsistencias y consultas reiteradas en DIGECA. Con este programa, se espera una mayor claridad en la gestión del recurso humano y una aplicación homogénea de la normativa en todas las instituciones.